Portugal prepara acelerar expulsiones mientras miles de migrantes esperan por su legalización
El Gobierno presentará en octubre un régimen de retorno más rápido, en medio de protestas y de un colapso administrativo que retrasa la entrega de documentos a quienes cumplen la ley.
El Gobierno de Portugal, a través del ministro de la Presidencia António Leitão Amaro, anunció que en octubre llevará al Parlamento un nuevo régimen de retorno para agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular. El plan pretende reducir fases administrativas y acortar plazos procesales, mientras miles de trabajadores migrantes reclaman en las calles por la demora en sus trámites y por la contradicción de un país que restringe la regularización, pero depende de la mano de obra extranjera para mantener en pie sectores clave de su economía.
Leitão Amaro defendió que el sistema actual de expulsion es “excesivamente largo” porque incluye dos fases administrativas y recursos con efecto suspensivo, lo que frena la ejecución de las órdenes de salida. Según el ministro, entre 10 y 15 mil personas ya recibieron notificaciones de abandono y unas 40 mil solicitudes de residencia fueron rechazadas. La propuesta, explicó, busca procesos “más rápidos y menos dilatorios”, aunque todavía no se aplicó.
Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras el Gobierno insiste en acortar los plazos para expulsar, no ofrece la misma rapidez en los procesos de legalización. Miles de migrantes presentaron su documentación completa y siguen sin recibir el título de residencia ni comunicación oficial de la Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). La página de servicios en línea no permite verificar el estado de los expedientes, los correos electrónicos no reciben respuesta y los teléfonos de contacto rara vez son atendidos, lo que mantiene a miles en un limbo administrativo.
Las calles reflejaron este malestar. Cientos de inmigrantes se manifestaron frente a la Asamblea de la República bajo el lema “Portugal é de quem trabalha”. La protesta fue pacífica hasta que apareció el líder de Chega, André Ventura, cuya presencia generó abucheos y gritos de “fascista”. El episodio fue interpretado por el Partido Social Demócrata como un gesto “incendiario” de Ventura, al dejar un debate sobre incendios para provocar frente a los migrantes.
El trasfondo económico agrava la paradoja. Portugal afronta una carencia de mano de obra en construcción, hostelería, agricultura y fábricas, sectores donde se emplea buena parte de la comunidad extranjera. Con la Manifestación de Interés cerrada desde marzo, y sin un mecanismo alternativo para regularizar a quienes ya trabajan en el país, el endurecimiento de las expulsiones amenaza con profundizar la falta de personal en esas áreas.
La discusión parlamentaria de octubre y el debate sobre el Presupuesto del Estado 2026 marcarán la próxima fase política, pero la tensión ya no se limita al choque entre partidos. Para la comunidad migrante, el verdadero problema es que el país parece decidido a expulsar con rapidez a quienes considera “irregulares”, mientras retrasa indefinidamente la integración legal de quienes cumplen las normas y sostienen la economía portuguesa.
Fuentes consultadas: ECO, Visão, Executive Digest
