Gobierno de Portugal pospone la revisión de la ley de nacionalidad hasta octubre y endurece requisitos para extranjeros
La reforma contempla cambios en plazos de residencia, pruebas de integración y limitaciones al reagrupamiento familiar. Partidos y organizaciones advierten sobre el impacto en la comunidad migrante.
El Gobierno de Portugal decidió aplazar hasta octubre la aprobación de la reforma de la ley de nacionalidad tras las observaciones del Tribunal Constitucional. La iniciativa introduce un conjunto de modificaciones que endurecen los requisitos para obtener la ciudadanía portuguesa y generan un intenso debate político y social.
Entre los principales cambios previstos, destacan las siguientes medidas:
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Residencia mínima prolongada: los extranjeros deberán residir legalmente durante 10 años en Portugal para acceder a la nacionalidad, mientras que los ciudadanos de países de lengua portuguesa deberán acreditar 7 años.
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Prueba de integración obligatoria: se exigirá un examen de lengua y cultura portuguesa, junto con una declaración formal de adhesión a los principios democráticos.
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Limitación de la nacionalidad por nacimiento: los hijos nacidos en Portugal solo podrán adquirirla si al menos uno de los padres ha residido legalmente durante 3 años en el país.
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Restricción de la nacionalidad por descendencia: la transmisión queda limitada hasta la tercera generación (bisnietos de portugueses).
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Eliminación del régimen sefardí: se suprime la vía de acceso extraordinaria para descendientes de judíos sefarditas portugueses.
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Endurecimiento en materia penal: se prohíbe naturalizar a personas con condenas efectivas y se contempla la retirada de nacionalidad adquirida en casos de delitos graves con penas de al menos cinco años de prisión.
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Reagrupamiento familiar restringido: solo podrán solicitarlo quienes tengan al menos 2 años de residencia y cumplan condiciones de integración y alojamiento.
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Refuerzo institucional: se prevé la creación de una nueva unidad policial bajo la PSP para sustituir al extinto SEF, con competencias reforzadas en control migratorio.
El partido Chega respaldó el aplazamiento pero defendió que la nueva ley debe ser aún más restrictiva. El Partido Socialista cuestionó los cambios, advirtiendo que constituyen un retroceso en los derechos de los migrantes. Bloco de Esquerda y Partido Comunista coincidieron en que las medidas criminalizan la inmigración y prometieron presentar alternativas en el Parlamento.
Organizaciones de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, señalaron que el endurecimiento puede agravar la precariedad y retrasar procesos de integración ya iniciados por miles de migrantes en Portugal. Asociaciones de inmigrantes advirtieron que muchas familias verán frustrados sus planes de regularización y acceso a la ciudadanía.
El Gobierno, sin embargo, argumenta que la reforma busca garantizar seguridad jurídica, responder al fallo del Tribunal Constitucional y reforzar el compromiso de quienes solicitan ser parte de la comunidad portuguesa.
