Portugal depende de los migrantes para sostener la Seguridad Social, pero AIMA sigue en crisis y crece la demonización

Los datos oficiales muestran que los inmigrantes aportan miles de millones más de lo que consumen, pero el discurso político y social los señala como responsables del desorden mientras AIMA funciona de forma caótica

Portugal vive una contradicción cada vez más evidente: mientras endureció su política migratoria y cerró la manifestación de interés como vía de regularización, los datos oficiales confirman que los migrantes son fundamentales para el empleo y la recaudación de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, el colapso administrativo de AIMA, la falta de información fiable en su plataforma y un clima creciente de demonización del inmigrante generan un escenario de incertidumbre que impacta tanto en la economía como en la vida cotidiana de quienes trabajan y aportan al sistema.

Las cifras económicas no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. En 2025, los trabajadores inmigrantes aportaron 4.100 millones de euros a la Seguridad Social portuguesa, un incremento respecto del año anterior. Ese mismo ejercicio cerró con un superávit global de 3.200 millones de euros, lo que refuerza la importancia de las contribuciones en la sostenibilidad del sistema previsional. Los inmigrantes no son un factor marginal: son una de las columnas que sostienen el equilibrio financiero.

El contraste entre aportes y consumo se vuelve aún más nítido al analizar los datos por nacionalidad. Los trabajadores brasileños, uno de los colectivos más numerosos, contribuyeron en 2025 con 1.446 millones de euros, mientras que los apoyos sociales recibidos sumaron 363 millones. El saldo neto, superior a los 1.000 millones de euros a favor del sistema, muestra que aportaron cerca de cuatro veces más de lo que consumieron. En términos laborales, representaron aproximadamente el 10 por ciento de los vínculos formales contabilizados, una proporción clave para sectores que dependen de mano de obra extranjera.

Estos números son los que explican por qué economistas y analistas advierten que los retrasos en la regularización y la competencia de otros países europeos para atraer trabajadores pueden afectar el ritmo de recaudación en los próximos años. No se trata de una discusión ideológica, sino de un mecanismo fiscal simple: sin trabajadores regularizados no hay aportes sostenidos, y sin aportes se resiente el sistema.

Sin embargo, la respuesta política fue en sentido inverso. El cierre de la manifestación de interés buscó mostrar control y orden, pero coincidió con un colapso administrativo que obligó a crear estructuras extraordinarias para procesar expedientes acumulados. En la práctica, la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo funciona con demoras, pedidos reiterados de documentación y una plataforma digital que, según múltiples experiencias, no refleja de forma confiable el estado real de los trámites.

Desde la experiencia migrante, el problema central no es solo esperar, sino no saber. Un caso concreto ilustra esta situación: tras haber cumplido todo el procedimiento, entregar documentación, huellas y fotografía, y recibir efectivamente la tarjeta de residencia en su domicilio, el portal oficial continúa hoy, un año después mostrando un estado genérico de “aprobado, aguarde la entrega del cartão”. El sistema no se actualizó ni siquiera después de que el documento ya estaba en manos del titular. La contradicción es evidente: el canal oficial de consulta no coincide con la realidad administrativa.

Este desfasaje adquiere una dimensión mucho más grave cuando se piensa en el escenario contrario. Si el portal puede quedar congelado aun cuando una residencia ya fue emitida y entregada, el riesgo es mayor si existiera una denegación o una orden administrativa comunicada por vías tradicionales mientras la plataforma no lo refleja con claridad. En ese caso, un migrante podría continuar su vida cotidiana sin saber que su situación cambió, que corren plazos legales o que enfrenta una obligación de abandonar el país.

A esta inseguridad administrativa se suma un tercer factor que profundiza la contradicción: la demonización del migrante en el discurso político y social. En los últimos años, parte del debate público asoció la inmigración con desorden, saturación de servicios y falta de control, desplazando la responsabilidad del colapso institucional hacia quienes utilizan el sistema. El migrante pasó de ser presentado como motor del crecimiento a ser señalado como problema, aun cuando los datos oficiales muestran que aporta mucho más de lo que consume.

Este clima tiene efectos concretos. Legitima decisiones restrictivas, dificulta que los migrantes reclamen soluciones y refuerza una percepción social negativa que no se corresponde con la realidad económica. La paradoja es clara: el país necesita a los migrantes para trabajar, reconstruir sectores productivos y sostener la Seguridad Social, pero construye un relato que los responsabiliza por fallas administrativas que no controlan.

El resultado final es un sistema que depende del trabajo y de los aportes migrantes, pero no ofrece previsibilidad ni coherencia. La combinación de cierre de vías de regularización, fallas en AIMA, desinformación en la plataforma oficial y demonización política configura una contradicción estructural que ya no es teórica. Impacta en la recaudación, en el mercado laboral y en la vida real de miles de personas que sostienen la economía portuguesa mientras navegan un sistema que no les devuelve seguridad jurídica ni reconocimiento social.

Fuentes consultadas:
Datos del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal citados en artículos periodísticos aportados por el usuario.
Documentación institucional y comunicados oficiales del Gobierno portugués sobre migración y Seguridad Social.
Experiencias directas de migrantes residentes en Portugal, aportadas por usuarios y contrastadas con el funcionamiento administrativo descripto en fuentes oficiales.